El Constitucional anula la disposición la reforma local que impedía la prestación de determinados servicios sociales por los ayuntamientos

Los servicios sociales suponen el 9% del gasto de las entidades locales, 5.200 millones de euros en 2015, de los cuales casi la mitad estaban amenazados por la Reforma.

Residencias y Centros de Día para personas mayores y para personas con discapacidad, Servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, centros y servicios de promoción de la mujer y centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, servicios para la infancia y otros muchos servicios para prevenir la marginación o favorecer la inclusión social han sufrido importantes recortes como consecuencia de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013).
De hecho, el gasto local en servicios sociales se ha reducido entre 900 y 1.000 millones de euros anuales en los últimos años (+/‐ 15%). Así, en 2011 este gasto alcanzó los 6.181 millones de euros, mientras que en 2015, a falta de datos de liquidación del presupuesto, ha sido de unos 5.200 millones.

La situación era especialmente preocupante ya que 2016 era el límite que la Reforma establecía para que las entidades locales dejaran de prestar buena parte de estos servicios sociales y fueran asumidos o financiados por las Comunidades Autónomas, algo que éstas no estaban en condiciones hacer. Las partidas directamente afectadas eran las de promoción social (603 millones de euros) y asistencia a personas dependientes (1.662 millones de euros), además de buena parte de otras partidas como las de administración general y servicios sociales básicos, lo cual, en conjunto hubiera significado una reducción de unos 2.600 millones de euros anuales. Entre 50.000 y 70.000 trabajadores/as podrían haber visto peligrar su puesto de trabajo, especialmente aquellos/as con contrato no estable en ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.

La sentencia del Constitucional, que lleva fecha de 3 de marzo, no solo declara inconstitucional la Disposición transitoria primera, que establecía la fecha límite de 2016 para que las entidades locales dejaran de prestar buena parte de sus servicios sociales y fueran asumidos o financiados por las CC.AA., sino que la anula, en cuyo caso no produce efectos y los que hubiera producido han de retrotraerse. Esta sentencia deja en evidencia al Secretario de Esrado de hacienda, Sr. Beteta, cuya carta a los ayuntamientos el pasado mes de diciembre pretendía interpretar sui géneris esta disposición.

En todo caso la sentencia es una buena noticia para quienes defendemos el valor de la proximidad en la prestación de los servicios sociales, y viene a darv la razón a quienes desde el primer momento denunciamos la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley que limitaban la capacidad de las entidades locales para prestar estos servicios.

Algunos datos sobre el gasto local en servicios sociales (extractados y actualizados del Índice DEC 2015) -El gasto total de las entidades locales en servicios sociales en el año 2014, último año liquidado, fueron 5.223 millones de euros.
-El gasto en servicios sociales supone un 9% del gasto total de las entidades locales (9,13% en 2014).
-De 2010 a 2014 el gasto local en servicios sociales se ha reducido en 1.190 millones de euros (‐18,6%).

Entre 2010 y 2014 la mayor reducción del gasto local en servicios sociales corresponde a subvenciones a entidades y prestaciones económicas a personas y familias (‐361,2 millones), seguido del gasto de las inversiones (‐358,4) y del personal propio (‐283,0 millones de euros).

Un 45% del gasto local en servicios sociales se destina a servicios básicos para personas y familias, un 28,5% a atención a la dependencia, el 13,3% a administración general y un 9,9% a promoción social de diversos colectivos (mayores, mujeres, infancia, inmigrantes...)

En 2014 el 75,6% del gasto local es esfuerzo propio de las entidades locales (3.951 millones de euros); un 24,4% es financiación por parte de las Comunidades Autónomas.

Los servicios que más amenazados estaban por la reforma son los de atención a la dependencia y los de promoción social, que dejan de considerarse competencias propias de los municipios, y que suponen 2.264 millones de euros en 2014(1.661,8 millones en dependencia + 603 millones en promoción social), así como el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (850 millones de euros en 2014). En total, eran3.114 millones de gasto los que estaban amenazados directamente por la Reforma ahora anulada.