LA JUSTICIA ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DEL CASO DEL VERTEDERO DE LOGREZANA


Mediante Auto de fecha 29 de octubre de 2014 el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gijón procede al Sobreseimiento de la causa abierta en relación con el vertedero de Guimarán, constatando la inexistencia de responsabilidad del Alcalde. La actuación de Ángel Riego en la tramitación de los expedientes sancionadores en relación con la consolidación y legalización del citado  vertedero se ha regido por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad.
El denominado vertedero de Guimarán fue creado hace más de 15 años, de tal manera que, tal como quedó acreditado por los informes periciales emitidos, cuando el Alcalde del PSOE (Ángel Riego) tomó posesión, el vertedero se hallaba consolidado al 80%, y posteriormente sólo hubo vertidos de tierras vegetales para adecentar la zona y evitar molestias al vecindario.
También se ha acreditado que el vertedero se realizó de forma ilegal y estaba constituido principalmente por residuos de construcción o escombros procedentes en su mayor parte de grandes obras públicas que no podían utilizar el vertedero de COGERSA, dado que no admitió este tipo de residuos hasta el 2004 - como se ha acreditado por el Consorcio mediante el oportuno informe.
Lo cierto es que la actuación debería haber sido impedida por los poderes públicos y no lo fue. El que el Ayuntamiento no actuase correctamente se debió a la carencia de medios como lo acreditan los informes existentes del año 2.000 en los que se informa a la Comisión Informativa de Urbanismo sobre la imposibilidad de proceder contra este tipo de actuaciones complejas sin la existencia de medios personales cualificados. Ante estos informes, la Alcaldía dispuso la creación del correspondiente Departamento de disciplina urbanística que comenzó a funcionar en el año 2.001, momento en el que el vertedero se encontraba ya realizado; también se dotó al Ayuntamiento con una Técnico Superior en Medioambiente, indispensable en este tipo de asuntos.
Por otro lado, este tipo de vertederos, por los residuos existentes eran y son competencia del Principado de Asturias, de tal forma que se encontraban inventariados y localizados por la administración autonómica en el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias 2001-2010, aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado el 14 de junio de 2.001. Por tanto, la actuación municipal debía de ser forzosamente dependiente de la actuación de la Consejería.
Con todo, lo más importante es que ha quedado constatado que a día de hoy no existen riesgos para personas o bienes, ni afección de elementos protegidos. Por la empresa TRAGSA, dependiente de la Administración del Estado, se ha informado que el vertedero está formado por residuos estériles de la construcción y que no existen riesgos ambientales; tampoco existen riesgos  derivados de posibles desplazamientos de los vertidos , ni se afectan a valores culturales o urbanísticos protegidos, como señalan los informes emitidos por los correspondientes expertos.
En la actualidad, el Ayuntamiento está a la espera de las actuaciones que ha de imponer el Principado de Asturias como administración competente en materia medioambiental, con el fin de concluir los expedientes abiertos.
El Ayuntamiento que heredó el PSOE no respondía a los requerimientos actuales y por eso, se procedió a la modernización de sus estructuras y a la dotación de más medios humanos, creando los Departamentos de Disciplina Urbanística y Medioambiente, que pudieran actuar con eficacia frente a este tipo de situaciones. A día de hoy, puede decirse que una actuación como esta sería imposible en el Ayuntamiento de Carreño.
Esta penosa historia que ahora finaliza se ha caracterizado desde un principio por un intento de desgaste y por muy poco interés real en la mejora medioambiental de Carreño. Algunas formaciones políticas como UICA, PP y FAC no han buscado otra costa que perjudicar al equipo de gobierno municipal, encabezado por el Alcalde de Carreño. El gobierno local ha sido el único que ha puesto coto y plantado cara a esta incidencia.
La formación de una comisión de investigación para no investigar ni aportar NADA, consumió recursos económicos -que salen del bolsillo de la ciudadanía de este concejo- y solamente sirvió para buscar titulares de prensa jugosos y alejados de la realidad. Esto sí que es despilfarro. Estas formaciones deberían hacerse responsables de haber malgastado los recursos materiales y económicos del Ayuntamiento.