Luisa Carcedo, portavoz socialista de Asuntos Sociales, denuncia que la reforma de la Ley de Régimen Local “pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social durante los últimos 30 años”
La portavoz de Asuntos Sociales critica que la reforma ni evita duplicidades ni ahorra, sino que solo recorta
La portavoz de Asuntos Sociales, Luisa Carcedo, ha defendido esta tarde la proposición no de ley del Grupo Socialista para tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad. La iniciativa, además, reafirma el compromiso del PSOE de derogar desde el Gobierno la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LARSAL). El PP ha votado en contra.
La propuesta no de ley constata que la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local llevada a cabo por el Gobierno del PP “pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años, puesto que la nueva ley “priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias como las sanidad, el consumo, la igualdad, o las políticas de empleo”.
La nueva legislación “supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios”. Con ello, “se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de Servicios Sociales que reconoce derechos sociales de la ciudadanía ante «situaciones específicas de necesidad social»”.
Carcedo ha criticado las “obsesiones” del Gobierno del PP, como son la de eliminar duplicidades y la de ahorrar. En este sentido, la portavoz ha constatado que la reforma no cumple con lo uno ni con lo otro. “¿Cómo alguien puede decir que hay duplicidades?”, se ha preguntado la diputada, que ha recordado que cada CCAA define los servicios de base como competencia municipal. Sobre el ahorro, la diputada ha señalado que el PP suprime los servicios sociales porque los considera “prescindibles y superfluos”.
La reforma “limita extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera «evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social», desnaturalizando por completo el sistema actual”. Además, se lleva a cabo cuando las cifras de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, una de cada cinco personas viven por debajo del umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, están en riesgo de pobreza y la tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro.
Las consecuencias de la reforma del Gobierno son, ha explicado la portavoz, “una gran brecha social por el incremento de las necesidades de los ciudadanos –1,5 millones de personas más están necesitadas de los servicios sociales en España-; una gran brecha territorial; una ruptura en la integralidad de la atención –por la segregación de competencias- y una amenaza laboral para las personas que se dedican a los servicios sociales”.